PARTIDO LIBERAL CREEMOS

 

CREEMOS es un proyecto político y esencialmente de acción civil para la renovación y el fortalecimiento de la libertad, la vida  individual del venezolano así como del libre emprendimiento, con el objetivo de reponer la sociedad venezolana, conseguir mayor eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los funcionarios públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de la economía en su conjunto, con un enfoque principal en las instituciones sociales primarias.

CREEMOS constata que ante la degradación del Estado constitucional a Estado de partidos y la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar y realizar las profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema económico, político y jurídico como nuestro modelo productivo  y educativo, es imprescindible que surjan nuevas opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la actual crisis estructural que atraviesa Venezuela.

CREEMOS propone, en consecuencia, una Agenda de Renovación concretada en un conjunto de medidas que hagan realidad el proceso de transformación que los ciudadanos venezolanos vienen reclamando a través de numerosas plataformas e iniciativas civiles desde el inicio de la crisis, y que se necesita para salir del bucle.

CREEMOS llama a todos los venezolanos que desean una Venezuela libre, y unida en permanente evolución material y moral, dotada del prestigio y la influencia que le corresponden en el mundo por su envergadura histórica, cultural y económica, a sumarse a un nuevo proyecto basado en la firmeza de las convicciones ciudadanas  y en los valores propios de la sociedad abierta.

RAZÓN DE SER

Venezuela atraviesa una crisis múltiple y profunda de carácter sistémico que afecta a su economía, a sus instituciones, a su unidad nacional y a la moral de los ciudadanos.

Los escándalos que se vienen acumulando y que afectan a los principales partidos políticos del país, involucrados en graves casos de corrupción, han sumido a la sociedad venezolana en el desaliento y han suscitado su indignación. Una ola de creciente pesimismo inunda la vida pública venezolana y ante la difícil encrucijada en la que nos encontramos creemos necesario articular una respuesta ciudadana, limpia, nueva y vigorosa, que dé respuesta a las inquietudes y demandas de los venezolanos; sin tapujos, trampas ni miedo.

La hora del diagnóstico y de la denuncia ya está cumplida. Ha llegado el momento de la movilización y de la acción, de la responsabilidad y del compromiso cívico. Venezuela no se puede permitir una quiebra de la confianza en sus representantes elegidos y en sus gobernantes de la magnitud de la que padecemos, con centenares de procedimientos judiciales abiertos mientras se extiende la sensación de que tan reprobables comportamientos quedan impunes en una alarmante proporción. El descrédito de las cúpulas dirigentes de la mayoría de fuerzas del arco parlamentario daña seriamente nuestras instituciones y deteriora peligrosamente nuestra democracia y nación día a día.

Es urgente una reacción fuerte y firme de la sociedad civil que fortalezca nuestra estructura política y económica y abra paso a un cambio profundo de nuestra perspectiva ética. Hemos de guiarnos por valores fuertes que nos sitúen en el mundo con capacidad de competir con éxito y de ser respetados. Venezuela no ha de ser percibida como un problema a resolver, sino como un ejemplo a imitar.

Un enfoque meramente economicista de nuestras dificultades es insuficiente. Olvida los demás planos de vida humana, que requieren una atención más concreta en sus respectivas dimensiones. No deben ser olvidadas las otras facetas de nuestra vida. Si las ideas que nos conducen son equivocadas y si las concepciones morales que nos inspiran son débiles, nunca conseguiremos volver a la senda del crecimiento material. Es imposible diseñar una política económica eficaz sin principios sólidos que la sustenten en el largo plazo: como la libertad, el esfuerzo, la perseverancia, la cohesión, la cooperación, la búsqueda de la excelencia, el reconocimiento del mérito, la honradez y el aceptar que otros tienen libertades y derechos, son ejemplos

No hay nación en el mundo que pueda soportar indefinidamente que su Constitución sea continuamente ignorada o despreciada. Un sistema político que pone al Estado a merced de fuerzas cuyo propósito explícito es aprovecharse de los ciudadanos y buscar siempre dominar el Poder, no es viable y debe ser reformado. Partidos de ámbito nacional que prefieren aliarse con los que trabajan para destruir la nación en vez de cerrar filas para preservarla, no merecen la confianza de los ciudadanos y deben ser sustituidos por nuevas opciones que estén dispuestas a poner las libertades de cada individuo por encima de sentimientos ególatras y delirios de grandeza.

El Estado no ha cumplido los fines para los que fue concebido y su coste ha alcanzado proporciones alarmantes. La centralización política, que se ha llevado a extremos dudosamente compatibles con la Constitución, ha agudizado las tensiones centrífugas y ha puesto a Venezuela  al borde de la desintegración. Nuestro Estado es políticamente inmanejable y financieramente insostenible.

En el terreno de la calidad de nuestra democracia, el Estado constitucional ha degenerado en Estado de partidos. El vínculo entre representantes y representados es casi inexistente y las listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias, deterioran visiblemente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el control de los gobernantes por los gobernados. Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado. La separación de poderes, base de la democracia constitucional, está seriamente dañada. La politización de la Justicia es escandalosa y los dos grandes partidos coinciden en su voluntad de mantenerla. ¿Acaso alguno ha visto que propongan alguna forma de cambiar el sistema para independizarla?

Los sucesivos cambios de Gobierno no han modificado este decepcionante panorama, sino que lo han agravado, siempre en la dirección del debilitamiento de la cohesión nacional, de la invasión de las instituciones y de la sociedad civil por los partidos y del aumento de la corrupción. CREEMOS considera que ha sonado la hora de emprender una reforma profunda de carácter estructural que afronte de verdad los defectos de un sistema que a duras penas logra mantenerse, políticamente roto,  inconstitucional  y económicamente colapsado.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

La libertad individual, el Estado de Derecho, el gobierno limitado, la autonomía, la división real de poderes y competencias y el imperio de la ley son elementos indispensables de sociedades libres, que requiere asimismo una presencia continua y una participación activa de la sociedad civil en los asuntos públicos, siendo esta, con la pluralidad de los individuos participantes en el tejido social, oponen y hacen contrapeso al poder de los partidos, políticos y de la burocracia.

La reconciliación nacional, el fomento de la unidad, cooperación y la cohesión, la libre integración y desintegración de comunidades componentes de la verdadera Federación, la libre asociación, la integridad, el derecho consuetudinario, la moral y la independencia de las entidades federativas son las bases de nuestra convivencia en libertad. Si queremos sacar al Estado de nuestras vidas, debemos empezar asumiendo responsabilidades.

El justificado descrédito que sufren la política y los políticos en nuestro país exige tomar medidas con el fin de remediar una situación tan lamentable. Se ha de abordar sin dilación una nueva Ley de Partidos que asegure su funcionamiento eficiente y útil para sus respectivos afiliados, y la transparencia de sus fuentes de financiación, así como una nueva Ley Electoral que garantice el vínculo directo entre representantes y representados.

El actual sistema proporcional organizado en grandes circunscripciones y listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias a espaldas de los afiliados, ha de ser sustituido por otro que libere a la sociedad del patológico dominio de los partidos sobre la vida pública y sobre la estructura institucional del Estado.

El Estado ha sido un intento ‘‘bienintencionado’’, pero fallido. Su concreción jurídica y práctica ha resultado insatisfactoria tanto desde el punto de vista político como del funcional – práctico y económico. No ha cumplido el objetivo de integrar a los nacionalismos periféricos, contribuyendo por el contrario a la exacerbación de sus pulsiones separatistas; ha provocado un crecimiento del sector público más allá de lo sostenible; ha deteriorado significativamente la eficiencia de los mercados locales; ha multiplicado innecesariamente la complejidad administrativa; ha dañado la coherencia de nuestra acción exterior y ha contribuido en buena medida a la preocupante pérdida de calidad del sistema educativo. Un Estado rígidamente homogéneo es tan inadecuado para Venezuela como un Estado en proceso de desintegración. Sin embargo, no podemos integrar a las comunidades políticas por la fuerza, rompiendo con la primera razón de la existencia de la Federación. Desde CREEMOS, se propone que, hay que concretar un pacto federal atractivo que cubra tanto a los Estados como a los municipios, ciudades y comunidades más pequeñas, asegurando garantías de salida y de entrada de las autonomías, sean estas más pequeñas o más grandes, a las respectivas afiliaciones territoriales donde están inscriptas. El sentido no es la fuerza, es la cooperación y las relaciones de ganar – ganar, con confianza y seguridad. No obstante, estas ya no accederán a fondos provistos por el Gobierno Nacional.

La consolidación del Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático requieren una efectiva separación de poderes y una auténtica independencia del Poder Judicial. Estas exigencias comportan reformas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que despoliticen por completo estos órganos constitucionales.

La economía de mercado, la libre iniciativa y el pleno reconocimiento del derecho de propiedad son las claves de la prosperidad y de la creación de empleo. El Estado debe ser el guardián de las reglas del juego y el garante de la seguridad jurídica de los operadores económicos y sociales. El gasto público ha de estar sometido a un riguroso control para impedir un endeudamiento que hipoteque a las futuras generaciones. Venezuela se ha de dotar de un modelo productivo centrado en la generación de valor añadido sobre la base de la competitividad, el desarrollo y la innovación. El fomento de la cultura emprendedora y de la investigación son componentes indispensables del crecimiento y del progreso. La cultura de la fiscalidad y fiscalización debe terminar.

Debemos entender que las instituciones informales son las que hacen posible la existencia del Estado, y ello lo vivimos ahora, donde vivimos no gracias a un orden estatal, sino contra el mismo que no nos deja vivir en paz. La fiscalidad e intervención deben ser factores mínimos, no distorsivos y que no generen desincentivos ni al ahorro, ni a la inversión, ni al trabajo y que, por el contrario, promueva la distribución y retribuciones del daño y la competencia intersectorial. El Estado no subsidiará a empresarios, sólo otorgará bajo la normalización de esta acción típica, el entorno jurídico y de incentivos propiciados por autoridad para dinamizar la economía.

La libertad, la competencia entre centros, entre autonomías, la cooperación, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, la disciplina, el respeto a los profesores, médicos, padres; al mesero, al mecánico, a las autoridades que nos protegen (líderes, padres, madres…) el reconocimiento de la profesión docente y la evaluación exigente del rendimiento de alumnos y profesores son las líneas directrices de un sistema educativo de calidad.

El aseguramiento y la capacidad de proveer a los venezolanos una formación adecuada a sus capacidades y méritos es condición necesaria para articular una sociedad del conocimiento con posibilidades reales de éxito en un mundo globalizado. Para ello, la educación debe erigirse en una de las grandes prioridades nacionales.

Venezuela necesita una Universidad a la altura de su desarrollo, una institución que sepa ser competitiva, abierta, plural, capaz de impulsar las humanidades, la ciencia y la tecnología y de propiciar una potente reflexión crítica sin la cual la cultura languidece y se politiza. Se hace precisa una reforma a fondo de la legislación universitaria, de su funcionamiento y de su sistema de gobierno para que las universidades venezolanas se sitúen en el lugar al que deben aspirar dentro del marco internacional en el que tienen que competir.

Una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y promover la cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la familia como institución básica y ha de mostrar su solidaridad con los sectores más vulnerables.

La solidaridad no ha de ser monopolizada por el Estado, que debe crear el marco normativo y fiscal que facilite y estimule a la propia sociedad para que contribuya activamente a la misma, dejándole más riqueza a los individuos en vez de a los bolsillos de los políticos y empleados públicos. Después de todo, los sectores más vulnerables ven deteriorado su ahorro, pagan impuestos y sufren las consecuencias de las acciones políticas.

Venezuela es una gran Nación que siempre ha sabido superar las etapas duras de su historia gracias al coraje, determinación y sacrificio de sus gentes. No ha de haber lugar para el pesimismo o el desaliento en el período de dificultades que atravesamos. Las épocas de crisis ofrecen las mejores oportunidades de rectificación y de mejora. Los venezolanos han de ser conscientes de que el patriotismo crítico, ambicioso y sereno representa su mejor arma para encontrar de nuevo la senda del crecimiento material y de la fortaleza moral. CREEMOS invita a sus compatriotas a emprender sin vacilaciones la marcha hacia los altos niveles de bienestar, prestigio y peso en el mundo que una Venezuela unida, fuerte y segura de sí misma es capaz de alcanzar cualquier obstáculo.

Debemos promover una cultura que aprecie y premie la excelencia, que rechace la mediocridad, el fraude y la corrupción generalizada, una cultura que genere un alto nivel de conciencia ética y de respeto a la ley, sin excepciones de ningún tipo. Una cultura que no dé paso a la envidia, que rechace las malas costumbres, una cultura que permita el cambio.

AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN: PRINCIPALES PROPUESTAS
Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional por un sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y representados. El sistema electoral ha de reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.
Una nueva Ley de Partidos que garantice su funcionamiento democráticoy la transparencia y equidad de su financiación. La periodicidad máxima de sus Congresos será bienal y estarán abiertos a todos sus afiliados. Los cargos orgánicos y los candidatos a las elecciones serán elegidos por sufragio universal y secreto de todos los militantes en el ámbito territorial que corresponda. Los órganos de dirección de los partidos serán directamente responsables de la buena administración, veracidad y legalidad de sus cuentas.
Supresión de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Toda organización de carácter privado, con o sin fines de lucro, debe autofinanciarse, sin excepción.
Avance hacia la federalización real de la República. Autonomía fiscal de cada comunidad políticas (estados y municipios). Fin de las subsidiariedad del Estado Federal a entidades estatales y municipales.
Un Estado Federal para la República, Estados Independientes, municipios y comunidades para la sociedad. El cuerpo central de Gobierno tendrá un único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional, un cuerpo ejecutivo y un Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, comprendido el constitucional. Cada cuerpo político existente en el territorio del Estado Federal contará con sus propias entidades. Durante el proceso político, electoral y legislativo que desemboque en esta transformación, CREEMOS promoverá aquellas medidas y reformas que, dentro del ordenamiento vigente en cada momento, contribuyan a la y eficiencia del Estado, a la cohesión de la Nación y a la igualdad de los derechos y libertades de los venezolanos, así como al cumplimiento de sus obligaciones en todo el territorio nacional.
Atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo, que resolverá los recursos de amparo según las materias correspondientes a las diferentes Salas. Los recursos de inconstitucionalidad corresponderán a una Sala especializada constituida de manera permanente a tal efecto. Se repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad.
Despolitización completa de la forma de elección y de las competencias del Tribunal de Cuentas y de los Organismos Reguladores para garantizar su independencia.
Despolitización completa de la forma de elección y competencias del Tribunal Supremo de Justicia. Se propone para lograr esto retirar las credenciales de la Asamblea Nacional para designar a los miembros de la Comisión de Postulaciones Judiciales y para aprobar la lista de candidatos a Magistrados. En cambio, estos serán elegidos en un proceso donde se seleccionarán de manera aleatoria pero con mayor probabilidad de salir aquellos que cumplan criterios meritocráticos; como carrera, experiencia laboral, especialización para la materia de la sala correspondiente o grado académico. Además, será un proceso transparente donde la información entrante y saliente podrá ser vista por todos los ciudadanos a través de Internet y tendrá cobertura por prensa y medios de comunicación, aumentando la presión sobre los agentes involucrados en el proceso. Esta información estará disponible en servidores que no son poseídos por el Estado. Para seleccionarse los candidatos, la comisión de postulaciones judiciales será la encargada de elegir criterios objetivos secundarios, y de vigilar el proceso de selección; su número de integrantes pasarán de 11 a 8. Los representantes políticos pasarán de 5 a 2, que sólo estarán simbólicamente. Los demás representarán a los administrados de justicia (ciudadanos), administradores de justicia (jueces) y a los conciliadores, mediadores y árbitros, representando el equilibrio.
Reforma del Régimen Local sobre la base de una descentralización administrativa provincial e insular conducente a una mayor eficacia y eficiencia de la administración territorial compatible con el control de legalidad a cargo de las instancias centrales del Estado. Nuevo mapa municipal que se traduzca en una notable reducción del número de entes locales mediante su agrupación con criterios de proximidad, demografía, optimización de recursos y operatividad.
Una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que establezca plenas garantías de control de la gestión y administración de los recursos públicos por parte de los ciudadanos posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados de tal forma que queden protegidos frente a eventuales arbitrariedades o abusos del poder político.
Las propuestas y reformas enumeradas en esta Agenda requerirán en algunos casos cambios constitucionales, pero en otros es perfectamente posible hacerlo mediante leyes ordinarias adoptadas por el Parlamento. Aquellas medidas que requieran una reforma de la Constitución deberán ser consideradas metas últimas de CREEMOS dentro de nuestra visión transformadora del Estado. En cuanto a las que sean factibles a través de del proceso legislativo y ejecutivo ordinario, CREEMOS orientará su trabajo hacia su realización inmediata, siempre en consistencia con sus objetivos finales.

COMPROMISOS DE FUNCIONAMIENTOS

CREEMOS se estructurará democráticamente de modo que todos sus candidatos y cargos orgánicos sean elegidos por los afiliados en elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en cuyo nombre actúan.

CREEMOS se financiará mediante cuotas de sus miembros y donaciones de sus partidarios que serán gestionadas por un Director económico financiero, externo a la estructura política y responsable ante los órganos de gobierno. Las cuentas anuales serán auditadas y publicadas.

El reglamento interno de funcionamiento contemplará la tutela de los derechos de los afiliados y la posibilidad de que estos acudan ante cualquier conflicto al comité de garantías y, si no estuvieren conforme con su dictamen, ante las autoridades judiciales.

La disciplina de partido no podrá invocarse nunca para coartar la libertad de opinión y expresión de los dirigentes y miembros del partido, puesto que CREEMOS acepta como parte fundamental de su capital político la capacidad de análisis y la libertad de iniciativa de sus miembros.

Los miembros de CREEMOS no participarán en ningún órgano político o administrativo del Estado que se considere innecesario, contrario a las libertades o cuya actuación no esté inspirada en el principio de transparencia.

CREEMOS se compromete a estudiar y a responder a las iniciativas ciudadanas que le sean sometidas para su consideración y promoción.

CREEMOS promoverá instrumentos de participación y consulta avanzados para aprovechar las ventajas de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito del debate público y de la participación ciudadana.