EL LIBERALISMO COMO VISIÓN POLÍTICA PARA VENEZUELA

El liberalismo se caracteriza por maximizar la libertad y minimizar el poder del Estado. Es diferente de la izquierda política caracterizada por una expansión de la autoridad del Estado sobre casi todo tipo de conducta humana, principalmente en el campo económico.

El liberalismo, como orden político, está reglado por el principio de legalidad, que esencialmente garantiza la libertad de cada individuo frente a la coerción. Esto es, asigna al Estado la función de protegerlo del abuso que otros puedan pretender imponer sobre su persona. Esto implica someter con la fuerza de la ley (es lo que se hace en un país republicano) ejecutada por el Estado a quien pretenda despojar a otros de su libertad innata.

En el sistema liberal el monopolio de la fuerza en manos del Estado garantiza que los individuos sean iguales ante la ley. Garantiza la libertad de los individuos ante quien amenace despojarles de ella. En la concepción liberal el Estado es también limitado, a diferencia de lo que caracteriza a órdenes políticos totalitarios. Aquí resulta crucial la existencia de una Constitución que de alguna manera reconozca los derechos primarios innatos a las personas; esto es, su libertad, ante el poder del Estado. Es necesario que el Estado tenga un lugar propio limitado por el principio de legalidad, de manera que se proteja a las personas del abuso que ese Estado pueda cometer contra ellas.

Muchos pensadores liberales, y por consecuencia muchos seguidores liberales, tienen la tendencia hacía no participar en política. El mensaje liberal jamás va a calar sobre la clase política, pues los políticos tradicionales (generalmente políticos de izquierda o de derecha mal encausada) jamás tendrán la intención de deshacer el poder que han acumulado. El poder, como todos lo sabemos, sirve a los intereses de los políticos tradicionales y a sus círculos más cercanos. Se requiere que los ciudadanos liberales comencemos a hacer política, no para seguir los pasos de los políticos tradicionales, sino para deshacer todo el mal que ellos han hecho.

El liberalismo es una doctrina política, para implementar un orden político. Ese orden político implica formar un partido político para llegar al congreso, des-legislar (derogar las leyes malas) e implementar las reformas liberales necesarias para hacer de Venezuela una República.

LIBERALISMO: CAPITALISMO PARA TODOS

El capitalismo para todos se llama capitalismo liberal, y sus pilares son tres: Gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada.

  • Gobierno limitado, tanto en funciones como en poderes y recursos. Cumpliendo las funciones del Estado, que son tres: defensa y seguridad, justicia, obras de infraestructura física. Si se sale de estos límites, todo Gobierno comienza a fallar y a ser inefectivo. Sus poderes deben limitarse a los necesarios estrictamente para cumplir sus tres funciones, pues de otra manera usurpa libertades que corresponden a los ciudadanos. Y sus recursos también deben limitarse a los necesarios para cumplir sus tres funciones, pues de otra manera usurpa ingentes sumas de dineros que no son suyos sino de los ciudadanos, que de esta manera se empobrecen.
  • Mercado libre, significa que los mercados deben estar libres de violencia y fraude, y esta es la tarea de la policía y de los tribunales. Y libres de monopolios. Para ello basta con que el Estado no los conceda: “monopolio” no es una empresa de gran tamaño, sino una empresa a la cual un gobierno le da un privilegio. Y ese tal privilegio es un subsidio o alguna otra indebida ventaja frente a sus competidores, o bien una restricción de mercado impuesta a sus competidores actuales o potenciales, que le dispensa de su obligación de soportar la competencia libre y abierta.
  • Propiedad privada extendida: que no se restringe a unos pocos, sino que se va ampliando, hasta tener un país de propietarios, no de proletarios.

Los Tres Pilares o Principios se traducen en cinco reformas concretas y específicas.

DEROGACIÓN DE LAS LEYES MALAS

Nuestro Proyecto Republicano inicia con la derogación de leyes fundamentalmente malas. Existe un cúmulo de leyes que las consideramos malas porque atentan contra:

  • La libertad y la justicia.
  • El trabajo, el ahorro y la inversión, la economía en general.
  • La familia y la educación.
  • Los partidos y el buen Gobierno.
  • También contra la lógica y el buen sentido, contra la verdad y las leyes naturales.

Estas leyes malas pueden clasificarse en ocho grandes categorías temáticas. A su vez cada una de ellas comprende varias clases, hasta totalizar 42 clases o subcategorías:

CATEGORÍA I: ACTIVIDADES Y RELACIONES PRODUCTIVAS

  • Leyes de permisos y licencias. El burócrata es el encargado de decidir quién merece obtener una licencia para cualquier clase de actividad: comercios, industrias, transporte, escuelas, etcétera. Generan corrupción y reducción de las fuentes de empleo. Es también una de las causas de la pobreza y de la mala calidad en los bienes y servicios.
  • Controles de precios. Si son precios máximos, generan escasez y mercados negros; y si son precios mínimos, generan encarecimientos.
  • Leyes anti-monopolio. El monopolio es un privilegio gubernamental o legal que garantiza alguna posición de exclusividad. Estas leyes causan una “selección inversa” a manos de los jurados anti-monopolio, por la cual las mejores empresas son atacadas por empresas peores e ineficientes.
  • Leyes anti-dumping contra las importaciones. Basadas en la ridícula teoría del dumping, estas leyes cargan sobre los importadores unos “derechos anti-dumping” con tipos mucho mayores que los aranceles, y además excesivamente arbitrarios, y por ende mucho más perversos. También causan una “selección inversa” a manos de los jurados anti-dumping, en este caso los proveedores de los mejores productos y servicios son atacados por quienes proveen los peores productos y servicios.
  • Leyes de empresas estatales. Si las ventajas de la empresa estatal se traducen en precios artificialmente bajos, le significan competencia desleal al empresario privado. De otro modo, sus altos precios le significan una ventaja y una ganancia inmerecidas, al permitirle fijar sus propios precios al nivel de los de la empresa estatal.
  • Leyes sectoriales “de promoción” para actividades y rubros específicos. Se les otorgan injustos beneficios, en detrimento de los otros que no gozan de semejantes ventajas. Estas leyes establecen posiciones monopolísticas de verdad, mediante privilegios legales otorgados de modo caprichoso, y distorsionan la asignación de factores productivos. De tal modo causan ineficiencias que siempre pagan los consumidores, los productores y los contribuyentes.
  • Leyes de “Propiedad Intelectual” o Copyright, no confundir con las leyes de Derechos de Autor, de Registro de Marcas, y de Patentes de Invención. Las dos primeras se justifican para evitar plagios. El caso de los inventos es discutible. Pero no hay justificación alguna para castigar la reproducción libre de textos, música u obras artísticas o técnicas, etcétera.
  • Leyes de Radio y TV. Imponen un régimen de “concesiones” estatales en lugar de la propiedad privada de las frecuencias o longitudes de onda. De esta forma, además de las libertades económicas restringen la libertad de expresión, con pésimos efectos sobre la actividad política.

CATEGORÍA II: IMPUESTOS Y MULTAS

  • Leyes de Impuestos excesivos. Esta tributación desmedida es otra causa de la pobreza y miseria del país, porque es ley natural y general de la economía que todos los impuestos se trasladan en cadena, por la corriente de arriba hacia abajo en la escala social.
  • Leyes de Impuestos punitivos. Impuestos a actividades como el trabajo, el ahorro, la inversión, la creación de empleos, las ganancias, etcétera. Por ejemplo los impuestos “progresivos” sobre los salarios con la excusa de que “el que gana más, que pague más”.
  • Leyes de Impuestos disfrazados. Como los impuestos indirectos, que se disfrazan en los precios y castigan las compras y el consumo salvajemente, golpeando por lo común a los más pobres.
  • Leyes de Impuestos fraudulentos. Como los decretados a las loterías y juegos, que reparten en premios sólo una ínfima proporción. También son impuestos disfrazados.
  • Leyes de Impuestos ocultos. Por ejemplo los costos en las tramitaciones. También lo son las leyes que causan inflación, como las relativas al Banco de México y al dinero puramente fiduciario (sin respaldo real). La inflación es un impuesto a los saldos líquidos, que traslada riqueza desde la sociedad civil al sector estatal, que desorganiza el esfuerzo productivo privado, y que frustra el ahorro y la inversión. Que castiga muy especialmente a los más pobres y a los acreedores en general, pero en particular a los perceptores de rentas fijas (“la viuda y el huérfano”, por ejemplo).
  • Leyes de impuestos diferidos. Como lo es el endeudamiento estatal (“público”). La deuda de hoy es el impuesto de mañana. Así como el impuesto de hoy es la deuda de ayer.
  • Leyes de impuestos decretados en forma de multas. En extremo arbitrarias y con cualquier pretexto.
  • Leyes de impuestos ilegales cobrados directamente como exacción por el funcionario corrupto. Es el caso de las leyes reglamentaristas más discrecionales y abusivas, las que parecen dictadas con el propósito de exigir sobornos. El soborno es un impuesto ilegal y es el más directo y brutal de los impuestos.
  • Leyes de impuestos discriminatorios. El caso de los aranceles es el más notorio, pero todas las leyes de impuestos aplican tasas diferenciales, discriminando las personas, empresas, negocios y mercancías de ciertas clases, categorías o géneros, las que proceden de ciertas regiones, etcétera, en franca violación de uno de los más básicos principios de justicia contributiva: igualdad.

CATEGORÍA III: MONEDA, BANCA Y FINANZAS

  • Leyes de crédito público. Las principales en lo relativo a la deuda estatal, relajan los controles para las autorizaciones en los compromisos asumidos por el Estado de una forma irresponsable, que grava sin misericordia a las generaciones presentes y futuras.
  • Leyes de curso legal. Compañeras inseparables de las leyes banco-centralistas obligan al uso del dinero malo e impiden la libre elección de moneda.
  • Leyes de encaje legal. Autoriza a los bancos privados a multiplicar los créditos mucho más allá de los depósitos en reservas, en lo que se llama “banca de reservas fraccionarias”. De esta forma se les permite a los bancos privados hacer con las operaciones de crédito lo mismo que hacen los Bancos Centrales con la base monetaria: inflar o expandir los medios de pago de modo indiscriminado, provocando de esa forma inflación de precios, con las consiguientes malas decisiones empresariales e inversiones. Así se causan los ciclos de auge artificial seguidos de brutales recesiones, con cierres de empresas, quiebras y desempleo masivo e involuntario.
  • Leyes de bancos. Con reglamentos que pre-establecen puntillosas condiciones para que los gobiernos y agencias gubernativas concedan las licencias a sus banqueros favoritos. Con los bancos rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental selecciona, escoge y califica a las empresas y a sus productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, consumidor o usuario, a través de los procesos de mercado. Y el burócrata también selecciona, escoge y califica los métodos comerciales, administrativos y de gestión, las políticas de personal etcétera, en lugar del empresario. Los banqueros que poseen las conexiones políticas apropiadas son favorecidos y se acogen al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia. Estos sí son verdaderos monopolios.
  • Leyes de seguros estatales para los depósitos bancarios. Castigan a los bancos más exitosos con aportes obligatorios que se destinan a premiar a los menos exitosos. Esta injusticia sólo tiene parangón en las muy injustas leyes del trabajo, por las cuales, si un ciudadano es un trabajador capaz, honesto, competente y diligente, y otro es todo lo contrario, a fin de mes ganan igual salario.

CATEGORÍA IV: BOLSA DE VALORES, SEGUROS, CAMBIOS DE DIVISAS

  • Leyes de mercado de capitales y casas de correduría bursátil. Con los agentes y corredores de bolsa también rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental escoge y califica a las empresas, productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, a través de los procesos económicos de mercado. Y el funcionario también escoge y califica las políticas comerciales, de gestión etcétera, en lugar del empresario. Los corredores favorecidos se acogen gustosos al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia.
  • Leyes de seguros. A las Compañías privadas de Seguros también aplica el mismo sistema descrito. Y también a las casas de cambio.
  • Leyes de controles de cambios y tipos diferenciales. Con el agravante de dictarse muchas veces estas leyes injustas, anti-económicas e irracionales, como todas las leyes estatistas. Los controles cambiarios establecen categorías de personas y empresas a las cuales el Estado favorece arbitrariamente con un tipo preferencial de cambio de divisas, en demérito del resto de personas y agentes económicos, condenados a pagar el precio de mercado, que de este modo se hace artificialmente mayor.

CATEGORÍA V: DISCRIMINACIONES Y PRIVILEGIOS INJUSTOS

  • Leyes de aranceles “proteccionistas”. Son impuestos a las importaciones, que las encarecen artificialmente, y a los rubros con ellas elaborados. Otorgan al productor nacional un privilegio, que condena al consumidor a pagar un sobreprecio.
  • Leyes de subsidios. Financiados con impuestos y multas, implican injustificadas transferencias de rentas, desde los contribuyentes hacia los beneficiarios privilegiados: grupos de intereses especiales a favor de tal o cual sector de la actividad económica. Y también grupos de intereses “no económicos” o calificados de “no lucrativos” (¿?), que alegan un supuesto compromiso con la ciencia, cultura, bellas artes, salud, deporte, etcétera. En esta categoría entran los “Programas Sociales”, por los cuales se obliga a la clase media a mantener al menos a otras dos clases sociales:
    • La clase política de los “redistribuidores”.
    • Aquellos pobres que a su nivel poseen las conexiones políticas apropiadas para recibir las migajas del banquete a título de beneficiarios, a cambio del voto.
  • Leyes reglamentaristas de profesiones y oficios. Establecen privilegios en base a dudosos criterios, en detrimento de quienes carecen de influencia. Cada rama profesional o técnica cuenta con la suya. Protegen a los agremiados contra la libre competencia. Estos también son verdaderos monopolios, donde la licencia gremial sustituye a la capacidad y habilidades de conductores, locutores, barberos, peinadoras y masajistas, cocineros y mesoneros, periodistas, entrenadores, modelos, maestros y profesores, etcétera. Los efectos nocivos de estas leyes son similares a las de permisos y licencias para actividades comerciales.
  • Leyes de alquiler. Que establecen “control de rentas” congelando los precios de los arrendamientos. Privilegian a cierta categoría de inquilinos, los que contrataron en el pasado, y perjudican a los nuevos demandantes, pues acaban con los incentivos para dar viviendas y habitaciones en alquiler. Protegen a un pequeño grupo de aprovechados y de intermediarios, perjudicando a los propietarios. Reducen la oferta habitacional para dar en arrendamiento. Matan así a la industria de la construcción de viviendas para ofrecer. Mucho dañan a los matrimonios y familias jóvenes que no consiguen alquilar.
  • Leyes de crédito para la vivienda. Son dictadas como la “solución” a la escasez de vivienda que crean las leyes de alquileres. Muchas leyes malas crean problemas que después se pretende “resolver” con otras peores. Cuando alquilar y dar en alquiler se torna imposible, promueven la fiebre de la “¡casa propia!” y dictan las leyes que rebajan o congelan los intereses de ciertos deudores hipotecarios, perjudicando al resto de usuarios de créditos, a quienes los bancos cobran tasas mayores para compensar pérdidas.
  • Leyes electorales y de partidos políticos que contienen muchas injusticias. Las leyes de partidos políticos establecen una rígida dictadura estatista, imponiendo formas organizativas, de gobierno interno (supuestamente democráticas) y contenidos ideológicos (“política correcta”) a los partidos políticos. De igual modo que en las empresas, en el caso de los partidos es el funcionario quien escoge, califica y decide.
  • Leyes de culto, iglesias y religiones. Cada vez que el Estado se entromete en esta materia es para otorgar privilegios a ciertas iglesias y religiones establecidas en demérito de otras. Como siempre, es el funcionario quien escoge, califica y decide.

CATEGORÍA VI: EMPLEOS, TRABAJO Y SINDICATOS

  • Leyes salariales y obreras. Fijan condiciones laborales que sólo pueden cumplir las empresas grandes o fuertes, que de todos modos contratan a los mejores obreros, más calificados. Y perjudican a los desempleados, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos que comienzan a trabajar, quienes podrían ser contratados en empresas menos rentables, con salarios menores. Y a los de mayor edad, que tampoco hallan puestos por las altas cargas del “Inseguro” Social.
  • Leyes del trabajo y de contratación colectiva. Que garantizan las mismas condiciones a todos los empleados y trabajadores por igual, con independencia de su desempeño y sus resultados: protegen a los menos capaces o menos cumplidores, y des-estimulan de esta forma a los mejores.
  • Leyes sindicales. Que amparan a los obreros agremiados, y a sus jefes, y caudillos, a expensas de los buenos trabajadores, que deben soportar la competencia desleal de los incompetentes. Y a costa de los empleadores, y de los consumidores que deben pagar precios encarecidos.
  • Leyes “protectoras” de niños y adolescentes. Que penalizan el trabajo de los jóvenes en tareas sencillas: barrido y limpieza, mandados, etcétera. Les impiden así ganarse la vida dignamente, apoyar a sus familias pobres, y aprender un oficio. Les arrojan a las calles: al vicio, a la prostitución, al crimen y a la mendicidad.

CATEGORÍA VII: ACTIVIDADES “SOCIALES”

  • Leyes de “educación”. Que no dan los resultados que declaran perseguir: la educación es cada vez peor. Esto porque la real finalidad de la enseñanza controlada por el Estado no es educar sino catequizar a la población en las doctrinas del estatismo. No enseñan la verdad, que no les interesa. Se enfocan casi exclusivamente en ciertas “técnicas” y herramientas de producción y de gestión escogidas por los burócratas como las más “eficaces”. Y desde la Universidad hasta la enseñanza elemental, las pocas doctrinas que se inculcan a los estudiantes son aquellas que justifican, legitiman, promueven y afirman la dominación estatista sobre todas las esferas privadas.
  • Leyes de “salud pública”. La idea no es mantener a la población saludable sino bien controlada. El concepto de “salud pública” procede de una indebida y abusiva extensión del concepto de obras de salubridad, legítimamente incluido entre las obras públicas, pero que alude solamente al control de los focos epidémicos.
  • Leyes del seguro social. Que establecen fondos colectivos en base al sistema del pote común: los pagos de los beneficiarios no salen de buenas inversiones privadas sino de las cotizaciones de quienes van ingresando. Los magros beneficios que pagan a los muy pocos y afortunados elegibles son costeados de modo indiscriminado por los cotizantes activos. Lo irónico es que si lo hace un particular es un delito, y se llama fraude Ponzi o “la bicicleta financiera”, pero si lo hace el Estado se llama “solidaridad social”.

CATEGORÍA VIII: DROGAS Y AMBIENTALISMO, CRIMINALIDAD Y JUSTICIA

  • Leyes antidroga. Ya no se sabe qué resultados se esperan: no reducen las ventas, la producción o el tráfico. Año a año aumentan la compra, el consumo, la siembra y fabricación, y el comercio ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Y aumentan exponencialmente los delitos ligados: millares de consumidores pobres se prostituyen y se hacen revendedores minoristas, ladrones o asesinos sólo para pagarse el vicio. Impera la corrupción en todas las esferas y las interminables guerras entre cárteles de la droga.
  • Leyes ambientalistas. Declaran perseguir un “desarrollo sostenible” pero el efecto es impedir el desarrollo. Manipulan con fines políticos lo que llaman “la ciencia”. Con acusaciones puramente alarmistas y sin evidencias suficientes, hipótesis exageradas y conjeturas sin fundamento, frenan el progreso de las tecnologías, las industrias, las empresas y la nación. Agenda oculta: brindar nuevos y mayores pretextos a los Gobiernos para decretar más controles, más burocracia y más impuestos.
  • Leyes comunes hay de dos clases:
    • Leyes criminales o de derecho penal. Son actualmente muy malas, pues están centradas en el victimario: a la cárcel. Y la víctima: al olvido.
    • Leyes civiles y comerciales o leyes generales de derecho ordinario. Siendo las únicas leyes buenas, casi no se aplican.

Es de notar que la mayor parte de las leyes malas dictadas en las últimas décadas son importadas y no de factura nacional. Se firman como Acuerdos, Convenios o Protocolos Internacionales en las Agencias de la ONU como la OIT, FAO, UNESCO, OMS, PNUD, UNICEF, ONUDD, FMI y Banco Mundial y las demás. Luego el Congreso las ratifica y convierten en leyes del país.

LAS 5 REFORMAS

Como se mencionó en Liberalismo: capitalismo para todos, los pilares del liberalismo son tres: Gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada.

EL PRIMER PRINCIPIO ES “GOBIERNO LIMITADO”

Tanto limitados en funciones, como asimismo limitados en poderes y facultades, y también en recursos y dinero. Para lograrlo se requiere la Primera Reforma, que es la más importante de todas, y se dirige a:

  • Poner al Gobierno en su lugar, o sea, a cargo de sus tres funciones específicas propias, que son: proveer defensa (exterior) y seguridad (interior); administrar justicia; contratar la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura física.
  • Recortar los poderes y facultades omnímodas y excesivas de que hoy goza el Estado, oprimiendo por esa vía a la gente. Esta Reforma No. 1 va a descargar a los Gobiernos del cúmulo de funciones impropias que ha asumido indebidamente, y que hoy no puede cumplir a cabalidad, y a dotarles de los poderes y facultades para el cumplimiento de sus tres funciones genuinas. Así se deja más libertad y poder en manos de la gente.
  • Recortar también los excesivos recursos y el dinero que hoy se gasta el Estado. Análogamente al caso de los poderes y facultades, se trata de dotarle de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tres funciones genuinas, y nada más. Así se deja mucho dinero disponible en los bolsillos de la gente.

Esta Reforma No. 1 se complementa liberando a los partidos políticos de su actual dominación por parte del Gobierno, y poniendo su manejo y control en manos de la gente.

EL SEGUNDO PRINCIPIO ES “MERCADOS LIBRES”

Va a derogar todas las leyes malas que de una manera u otra conceden posiciones de monopolio u oligopolio a los negocios y a las empresas favorecidas, impidiendo funcionar a las leyes de la oferta y la demanda, entrabando de este modo el desempeño de la economía y su productividad.

Estas dos primeras reformas, la política y la económica, son complementarias. Van a permitir al país una explosión inaudita de prosperidad, crecimiento, desarrollo y empleo, que va a beneficiar en primer lugar a los más pobres y desfavorecidos.

EL TERCER PRINCIPIO, “PROPIEDAD PRIVADA”

Se concreta en las Reformas No. 3, 4 y 5 o “reformas sociales”, respectivamente en la educación, la salud y la previsión social. Por el lado de la oferta estas reformas van a empoderar a los productores: maestros y educadores; personal médico y de salud; y proveedores de planes de retiro y seguridad social. ¿Cómo? Con la entrega en propiedad de las entidades educativas, médicas y previsionales que hoy son del Estado, con sus instalaciones y equipos.

Por el lado de la demanda estas reformas van a empoderar a los consumidores y usuarios que hoy carecen de los recursos para pagar por los servicios, por ejemplo: estudiantes y alumnos; enfermos, incapacitados y accidentados; jubilados y pensionados o trabajadores en edad de retiro o próximos a cumplirla. ¿Cómo? Con la entrega de bonos o vales para pagar en los institutos de su elección, reembolsables en dinero a las entidades que hayan escogido.

Las Reformas No. 3, 4 y 5 son complementarias de las Reformas No. 1 y 2. En las tres reformas sociales, los bonos o vales son para la transición hacia el capitalismo liberal, y van a ayudar a equilibrarse a los que hoy son más pobres por culpa del sistema actual.

Una por una ahora, otra parte de nuestro Proyecto Republicano son las 5 Reformas, con sus objetivos específicos:

1. REFORMA POLÍTICA: SEGURIDAD, JUSTICIA, INFRAESTRUCTURA

Poner al Estado en su lugar, a cargo de las funciones de seguridad y defensa, administración de justicia, y obras de infraestructura; y en consecuencia limitar sus poderes y su presupuesto a las atribuciones y recursos estrictamente necesarios al cumplimiento de tales funciones. En otras palabras, poner en sus funciones públicas a los agentes estatales: militares (y diplomáticos) y policías; jueces y oficiales de justicia; contratantes de la construcción de puentes, caminos, diques y embalses, etcétera; y colectores de los pocos tributos o contribuciones “impuestas” indispensables para estos fines, impuestos directos y no indirectos, bajos y planos, e iguales para todos.

Esto implica poner a los militares y policías a combatir la inseguridad, la violencia, el terrorismo y el crimen, como primera prioridad en la agenda estatal; y a los diplomáticos y cónsules a atender a los nacionales en el exterior antes que a los políticos locales. Y poner jueces y cortes en tribunales ordinarios comunes a cargo de la intervención del Estado en la economía, la banca, la educación y todas las esferas de la vida social y cultural; pero sólo si ocurre una violación cierta y comprobable de los derechos a la vida, propiedad y libertades, definida y tipificada en los códigos ordinarios o comunes del Derecho civil, mercantil o penal.

A estos fines, de defensa (y diplomacia), seguridad y justicia, y a la realización y mantenimiento obras públicas de infraestructura que incrementen la productividad y rendimiento de las actividades privadas, ha de limitarse la política pública. Y los poderes públicos y los recursos públicos.

Pertenecen al campo privado o de los particulares las relaciones sexuales, matrimoniales, familiares, laborales, comerciales, educativas, cívicas, culturales, artísticas, religiosas, médicas, informativas y de entretenimiento, científicas y técnicas, previsionales y de beneficencia, etcétera, y tienen que desenvolverse conforme la voluntad de los participantes e involucrados expresada en contratos; no de normativas tipo reglamentos dictados por el Congreso bajo forma de leyes especiales, ni por el Ejecutivo bajo forma de decretos, ni por la ONU, la OEA u otros organismos interestatales bajo forma de tratados o “convenios internacionales”.

Esto implica quitar al Congreso de la tarea reglamentaria y de comisariado respecto de actividades que son privadas por naturaleza, y ponerle en su lugar y en su función más importante: a vigilar que no salga el Ejecutivo de sus límites, vigilancia que se ejerce sobre todo mediante el control de su Presupuesto Fiscal, alimentado sólo de los impuestos y no de empréstitos. Implica además poner a los partidos políticos en su lugar: como entes privados, sin relación de dependencia alguna con el Estado, a fin de que puedan ser instrumentos en manos de la ciudadanía.

No habrá monopolios o privilegios legales. Implica esto que no habrá p. ej. empresas “concesionarias” o contratistas del Estado en materia de energía ni en comunicaciones o transportes; ni “curso legal” de la moneda, y las monedas circularán libremente, cada quien escogiendo la de su preferencia. Esta reforma va a poner a los bancos en su lugar, eliminando el privilegio de “encaje legal” que exige la reserva de sólo una fracción de los depósitos. Por consiguiente no habrá multiplicación artificial del dinero, ni del crédito o los medios de pago. Pero este tema toca la siguiente reforma.

2. REFORMA ECONÓMICA: GANAR MÁS Y VIVIR MEJOR

Poner a cargo de las actividades económicas a los agentes económicos, que no son los políticos, funcionarios y burócratas, sino los trabajadores, los empresarios y gerentes, y los capitalistas: ahorradores e inversionistas.

En otras palabras: poner a los agentes económicos privados a cargo y al mando en la agricultura y la minería, la industria y los servicios, el transporte, la banca y las finanzas, seguros, etcétera. Para ello han de ser privatizadas y desreglamentadas estas actividades, para que sean sensibles a las necesidades, deseos, exigencias y preferencias de los consumidores, del lado de la demanda, y de los productores, del lado de la oferta, y así crear y distribuir la riqueza por sus canales naturales: los mercados.

De esta manera vamos a empoderar a los actuales agentes de la economía “informal” para que puedan competir en igualdad de derechos con las empresas hoy formalizadas. De esta manera se va a lograr un sector bursátil independiente de la banca, no como es ahora.

La única forma de contar con una moneda dura y solvente, a prueba de inflaciones e hiperinflaciones, es dotarle por ley de un Patrón Oro o Plata. Es el sistema monetario en el que el valor de la moneda es convertible en oro o plata de una calidad determinada a un tipo de cambio fijado previamente por ley. El Banco de Venezuela está obligado a entregar oro o plata a cambio de moneda, y viceversa, al precio fijado oficialmente y en el momento que se le demande. La cantidad de oro o plata determina el montante de dinero en circulación, y la impresión de billetes más allá de este límite es ilegal.

Muy probablemente, la ejecución de esta Reforma y las siguientes implican para el país tener que salirse de ciertos Convenios y Organismos internacionales, comenzando por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (que no son paradigmas de liberalismo), y siguiendo por la FAO, la UNESCO, la OMS y otras. Tendremos que prescindir de sus consejos y “misiones técnicas”.

3. REFORMA DE LA EDUCACIÓN: ENSEÑANZA DE PRIMERA CALIDAD PARA TODOS

Del lado de la demanda, es poner la educación en manos de los educadores y no del Estado, para que los educandos de todas las especialidades y niveles, y los padres en la enseñanza elemental, puedan escoger con entera libertad el centro docente de su preferencia, con el tipo de educación, y el contenido, los planes, los programas y el sistema o método que prefieran. Con bonos o vales para quienes no puedan pagar. Y del lado de la oferta, que todos los maestros, profesores, docentes y capacitadores puedan competir, tanto en calidad, como en variedad y precios. Y sí, claro, esto es, en otras palabras: privatizar y desreglamentar la educación. No hay que tener miedo a las palabras, ni a llamar a las cosas por su nombre, a condición de que sea bien definido y descrito.

¿Y los pobres? En el camino de la transición al capitalismo maduro y a la riqueza, los educandos han de ser asistidos por el Estado con bonos o vales, para pagar por sus matrículas y gastos en las agencias y centros docentes de su elección, los cuales serán reembolsables en dinero por el Estado, a todos aquellos institutos que los usuarios hayan escogido para su educación. Vamos a poner aquí a los trabajadores o visitadores sociales a cumplir su trabajo: asistencia social en servicios y no en dinero, focalizada y no indiscriminada.

4. REFORMA DE LA ATENCIÓN MÉDICA: EFICIENCIA Y EXCELENCIA EN EL CUIDADO DE LA SALUD

De modo análogo al caso de la educación, se trata de poner la medicina en manos de los médicos y doctores, no del Estado, para que los enfermos, discapacitados y accidentados puedan escoger libremente el centro médico, hospital o clínica de su preferencia, con la atención de su elección, del lado de la demanda de servicios médicos. Y para que los médicos, enfermeras, bio-analistas, odontólogos y gentes de la profesión médica en general puedan competir, tanto en calidad y variedad como en precio, del lado de la oferta de medicina. En otras palabras: privatizar y des-reglamentar la medicina.

En transición, y análogamente a la educación, en este caso los enfermos, discapacitados y accidentados de escasos recursos han de ser asistidos por el Estado con bonos o vales, para pagar por sus gastos en los centros médicos de su elección, los cuales serán reembolsables por el Estado, a los institutos de salud que los usuarios pobres hayan escogido para sus tratamientos.

5. JUBILACIONES Y PENSIONES: PRESTACIONES DIGNAS Y SUFICIENTES

En base al mismo esquema de la educación y la salud, es poner los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones totalmente en manos de los administradores de fondos y no del Estado, para que jubilados y pensionados puedan escoger con entera libertad el Sistema o Fondo de Pensión de su preferencia, con el tipo de Plan, Póliza o contrato de su elección, del lado de la demanda. Y del lado de la oferta, para que las compañías administradoras puedan competir, en calidad, variedad y precios. En otras palabras: privatizar los sistemas de jubilaciones y pensiones en su totalidad.

ASUNTOS FISCALES

En Venezuela se cobran poco menos de 15 tipos de impuesto, donde los impuestos más relevantes son:

  • Sobre la renta.
  • El empresarial a tasa única.
  • Al valor agregado.
  • Sobre automóviles nuevos.
  • Al comercio exterior.

De todos los impuestos que el gobierno venezolano fiscaliza, el más pernicioso es el Impuesto Sobre la Rente (ISR). El ISR es dañino pues lo único que busca es mantener a los sectores productivos y de servicio bajo control, además de que genera la falsa idea de que es a los más ricos a los que se les somete con este impuesto. Es una falsa idea, pues este impuesto, como sucede con cualquier costo de producción, se le transfiere al producto o servicio final, es decir, son las clases media y baja, de todo el estrato social venezolano, los que terminan pagando este tipo impuesto.

El Impuesto Único al Consumo (IUC) sería la base de la Reforma Fiscal Federal. El IUC es un impuesto sencillo de manejar, respecto del engendro tributario que hoy día tenemos en Venezuela engendro que sólo perjudica a la ya carente clase media, pero por sobre todo a los más pobres.

¿CÓMO FUNCIONA EL IUC?

Muy sencillo, el IUC se aplicaría a todos los productos y servicios por igual, y sobre una misma tasa impositiva. Toda compra llevaría implícito el IUC. Sería como el IVA, pero a diferencia del IVA, el IUC no sería deducible. De esta forma no habría ningún tipo de evasión fiscal.

Al eliminar el engendro fiscal actual, se le da libertad a los medios de producción y de servicios, para que inviertan en más infraestructura, se creen más empleos y se aumenten los sueldos y salarios.

Los trabajadores también contarían con un beneficio directo, pues ya en sus recibos de nómina no aparecerían cargos impositivos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Lo cual redundaría en un aumento de sueldo inmediato. El IUC sería el único impuesto a nivel federal y estaría destinado hacia:

  • La construcción de infraestructura.
  • El mantenimiento y fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas.
  • El mantenimiento y fortalecimiento de nuestra policía y departamentos de procuración de justicia.
  • El pago de servicios de servidores públicos, claro, a menos servidores públicos, pues se trataría de un gobierno más pequeño.
  • El bono educativo y el bono de salud.

Cada entidad federativa y cada municipio estarían en libertad de cobrar sus propios impuestos. Sin embargo, cada intención política de creación de un nuevo impuesto, deberá someterse a plebiscito, es decir, los ciudadanos seremos los que avalemos una nueva imposición fiscal, si es que ésta realmente repercute en un beneficio ciudadano.


Este es nuestro Proyecto Republicano. Un proyecto político ciudadano con el objeto de desmantelar el poder de una clase política que en casi 20 años no ha generado los beneficios que ha prometido.

Es tiempo de que los ciudadanos nos hagamos cargo de nuestras propias vidas y le demos a nuestra nación venezolana el crecimiento que nos merecemos.